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GRANDES REPORTAJES DE RFI

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  • La lucha de las madres colombianas de Soacha por la verdad sobre los "falsos positivos"
    El grupo Las Madres de Soacha lleva adelante una infatigable lucha por la verdad y la justicia. Son los familiares de los llamados "falsos positivos", los miles de ejecutados ilegalmente por el Ejército con el objetivo de aumentar las cifras de la lucha contra la guerrilla. RFI habló con ellas en las afueras de Bogotá. Blanca Monroy es la madre de Julián, un joven de 19 años a quien su propio Estado mintió y asesinó.  Soacha, 2 de marzo de 2008. Un recluta que regenta un pequeño comercio en este popular y humilde municipio en el extrarradio de Bogotá, capta a Julián con una falsa promesa de trabajo. Es a 600 kilómetros de su casa, en la localidad de Ocaña, próxima a la frontera con Venezuela. Otros tantos jóvenes de la localidad caen en la misma trampaen días sucesivos. Civiles engañados y llevados a zonas remotas de bosques para ser asesinados y después disfrazados de guerrilleros con el objetivo de inflar el número de guerrilleros eliminados. Un estratagema que a muchos soldados y altos mandos le sirvió  para mostrar buenos resultados y obtener beneficios económicos y vacaciones durante el Gobierno de Álvaro Uribe en la década de los años 2000. Rubiela, otra madre de otro joven engañado y asesinado, nos cuenta el mismo modus operandi. Rubiela y Blanca han destinado desde entonces lo que les queda de vida a luchar por la justicia y memoria de sus hijos. Sumaron fuerzas creando la asociación de Las Madres de Soacha. Sus casos se enmarcan en lo que popularmente se ha ido conociendo como "falsos positivos", uno de los peores eufemismos en Colombia: ejecucciones extrajudiciales de civiles a manos de militares para mostrarlos como bajas de combate. La Jurisidicción Especial para la Paz (JEP), lleva este macrocaso y cifró el año pasado en más de 6.400 el número de víctimas.  El abogado de derechos humanos Federico Andrew nos cuenta que aunque los primeros casos de falsos positivos en Colombia pueden remontarse a finales de los años 70, el grueso de ellos, se dio bajo el gobierno de Uribe. El contexto histórico de los "falsos positivos" En 2005 fue expedida la Directiva 29 del Ministerio de Defensa, amparada en la política de Seguridad Democrática. Y en los primeros años de esta política insignia de Alvaro Uribe, se dispararon las cifras de las ejecuciones extrajudiciales. En la directiva se combinaron los beneficios para los militares que incrementaran resultados, es decir las bajas de guerrilleros, con la presión por mostrar eficiencia en el combate contra estos grupos armados. Esto ocurrió bajo un proceso demasiado laxo para demostrar la pertenencia de los asesinados a algún grupo armado, pues solo se requería un certificado firmado por el comandante de la respectiva unidad. Los militares mataron civiles bajo dos modalidades distintas: una fue la ubicación de víctimas en el área de operaciones de los pelotones implicados usando informantes en el terreno. La segunda fue el uso de reclutadores que conducían a las víctimas mediante engaños a esos lugares en los que eran asesinados.  Las madres de Soacha abrieron camino en la exigencia de que se llegue a la línea más alta de mando que para ellas está en la figura del expresidente Uribe.. El pasado mes de abril y por primera vez en los procesos de paz del mundo, los responsables militares reconocieron sus crimines públicamente, ante la sociedad, las víctimas y la justicia. Fue en la audicencia de la JEP en la localidad de Ocaña, donde habían muerto 14 años antes, los hijos de Blanca y Rubiela. Ellas y su movimiento asociativo han servido para abrir camino a otros familiares de víctimas en Colombia. Los familiares de las víctimas del departamento de Huila, por ejemplo, apenas están recorriendo el camino de escucha y contratación de información entregada por los militares. Sus exigencias tienen el mismo espìritu pero aún no han avanzado tanto como las de Soacha.
    6/10/2022
    16:05
  • Elecciones en Colombia: la figura de Petro, entre temores de 'venezualización' y esperanzas de cambio
    El domingo 29 de mayo, los colombianos elegirán a su próximo presidente. Desde las últimas elecciones presidenciales de 2018, la izquierda ha tenido mucho éxito, especialmente con el candidato Gustavo Petro. Le sigue la juventud colombiana, que exige cambio y mejora de las condiciones de vida en el país. Pero el país está dividido entre el entusiasmo por el cambio y el miedo histórico por la izquierda. En Colombia, gobiernos de mayoría de derecha o de extrema derecha se sucedieron durante décadas, pero este año las cosas podrían cambiar, si el candidato de izquierda Gustavo Petro fuera a ser elegido.   “La gente quiere un cambio” Cuando se les pregunta a los colombianos sobre la próxima elección presidencial, se obtienen respuestas muy variadas. Y es que la popularidad de la izquierda en las encuestas no deja indiferente a la población. Juan Toro, por ejemplo, tiene 33 años, es administrador de empresa y está un poco confundido: “Pienso que hay demasiada gente involucrada, como que sale un candidato nuevo de la nada, hay muchos oportunistas, mucha gente queriendo llamar la atención. Y al final esto termina desviando la atención general y confundiendo”, dice. “Gustavo Petro lleva ya unos años buscando la presidencia. Pienso que la gente está cansada de seguir a los mismos líderes y quiere un cambio, el cambio que sea. Entonces creo que Gustavo Petro ha sabido utilizar esta herramienta y ha sido insistente en sus ideas”, añade. “Una segunda Venezuela” María Peláez Álvarez, una mujer de 60 años, ya escogió su candidato, y no será el de la izquierda: “Hasta ahora, quiero que el presidente de Colombia sea Sergio Fajardo. Yo soy de Centro Esperanza. Debemos de pensar muy, muy, muy bien a quién vamos a elegir de presidente”, afirma. La situación en Venezuela le da miedo: “Si nosotros no tomamos conciencia, como colombianos, podemos llegar más tarde a ser una segunda Venezuela”. Su vecina, Alicia Echeverri, confiesa que no está muy segura de ir a votar porque “uno ve mucho robo, muchas promesas que no se cumplen”, y porque también tiene miedo de “vivir un Venezuela completo” si llegara Petro a la presidencia. “Por eso mismo uno se vuelve desconfiado, muy desconfiado, y no provoca votar”, enfatiza. Por el momento, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, sigue siendo el favorito de las encuestas en la primera y segunda vuelta de la elección presidencial. El apoyo de los jóvenes sería uno de sus puntos fuertes. De hecho, han marchado durante meses por las calles para pedir el cambio. Manifestaciones al ritmo de Star Wars El año pasado, Colombia vivió al ritmo de manifestaciones y bloqueos de carreteras. Un descontento social sin precedentes, consecuencia de varios proyectos de reforma del gobierno del presidente Iván Duque. Entre los manifestantes había muchos jóvenes, muchachos que han creado su propio himno de la resistencia inspirándose en el himno nacional del país y la música de la película Star Wars. En el origen de este movimiento, participaron músicos jóvenes y una directora de orquesta de Medellín, Susana Boreal. “Primero se hace el himno nacional de Colombia pero en tonalidad menor, y además, mezclado con la marcha imperial de Star Wars. Los Stormtroopers los comparamos con los agentes del ESMAD [Escuadrones Móviles Antidisturbios], porque es esa fuerza que manda el Estado, es la forma que ellos tienen de imponerse por medio de la violencia”, detalla Susana. Más de 400 músicos interpretaron este himno, retransmitido por todo el país y convertido en viral en las redes sociales. Para Susana y sus compañeros, se trataba de decir «No a la represión en Colombia» y «Sí al cambio». “Vivimos una situación muy complicada en ese país, donde es muy difícil vivir. ¿Qué es lo que se exige? Simplemente tener garantías para poder tener y llevar una vida digna, en igualdad de condiciones, y acabar con esa brecha de injusticia social que es tan amplia en nuestro país. Porque hay unas personas que son muy privilegiadas, pero son muy poquitas”, denuncia la joven. Una juventud movilizada Así que este año, Susana votará por la izquierda, por el candidato Gustavo Petro: “Si uno escucha los debates presidenciales, los discursos de todos los candidatos, uno se da cuenta de que Gustavo Petro es el que tiene el país en la cabeza, o sea, realmente lo tiene en su cabeza. Lo conocemos de antes, fue candidato presidencial también en el 2018, fue alcalde de Bogotá, y por como está el país en este momento, necesitamos algo totalmente diferente a lo que nos ha gobernado ya por 200 años. Entonces yo creo mucho en Gustavo Petro, yo creo que él puede ser una persona muy importante para comenzar el proceso de transformación de ese país”. Como Susana, miles de jóvenes estarían optando por este candidato. En las últimas elecciones de 2018, caminaban a su lado en cada reunión y se movilizaban en las redes sociales a su favor. Hoy siguen los debates políticos en todas las grandes ciudades. En la sede del Partido Pacto Histórico, los equipos comprendieron bien la importancia de los jóvenes, y la coalición política de izquierda cuenta con ellos para ganar. “Queremos transmitir esa tranquilidad” “Tenemos tres millones de jóvenes nuevos votantes en Colombia, pero además los jóvenes fueron el corazón, como ocurrió en Chile, de un gran movimiento social contra un régimen que ha gobernado mal, que ha echado a perder la paz. Yo firmé hace cinco años en nombre del Estado colombiano el Acuerdo de Paz, y hoy lo que tenemos es un retorno a la violencia. Pero además [hubo] unas normas tributarias que regalaron recursos a los mega ricos del país y que no permitieron que se reactivara la economía desde la paz. Los jóvenes tumbaron esa reforma, y los jóvenes son un potencial grande en el cambio que será el Pacto”, afirma Roy Barreras, líder de los debates parlamentarios y representante del partido. Según él, no hay manera de que Petro pierda la elección presidencial este año: “Nosotros tenemos solamente dos posibilidades de no ganar: que maten al candidato, cosa que ha pasado en Colombia, porque aquí hay fuerzas oscuras del narcotráfico y del paramilitarismo que quieren acabar con Gustavo Petro, o que nos hagan fraude. Es la primera vez en 200 años que Colombia puede tener un gobierno de izquierda democrática acompañado de una coalición de centro, y yo creo que esta vez va a ocurrir, en momentos en que en América Latina a la centro-izquierda le ha ido bien. A mí me parece que ha habido muchos fantasmas con esto de la izquierda, y nosotros queremos transmitir esa tranquilidad: el gobierno del Pacto Histórico será un gobierno estable, equilibrado, con una economía seria”. Pero eso no significa que el juego esté ganado. Porque el pasado del candidato favorito de las encuestas pesa mucho en los debates. Exalcalde de Bogotá, también fue combatiente en el movimiento M19, una guerrilla colombiana que participó en el conflicto armado de los años 70. Una derecha desacreditada Según el profesor y politólogo francés Yann Basset, que enseña las Ciencias Políticas desde hace más de 15 años en Colombia, por el momento, a pesar de las críticas y de su historia, Gustavo Petro es el favorito más bien porque la derecha está debilitada. “Históricamente, Colombia no era un país de derecha. Existía un sistema de gran coalición de centro, el Frente Nacional de los años 50-60 del siglo pasado... Un pacto en el que los dos grandes partidos, el Liberal y el Conservador, se ponían de acuerdo para gobernar. La derecha apareció luego, a principios de este siglo, como una especie de reacción al conflicto armado, que se prolongaba demasiado. Y fue hegemónica durante la primera década del siglo 21 y dominante en la década siguiente. Pero tras la gestión de Iván Duque, que hoy es realmente muy impopular, se tiene la impresión de que esta derecha está desacreditada. Y es ahí donde aparece una apertura para que el candidato de izquierda Petro, que había sido derrotado en la segunda vuelta de 2018, pueda, esta vez, tratar de ganar”, explica Basset. La otra crítica que los opositores sacan a relucir regularmente es el riesgo de que Colombia experimente una crisis como la de Venezuela. Yann Basset ve esto como una estrategia política para desacreditar a la izquierda: “Es un argumento de campaña que tiene una base real. El sistema venezolano fue un verdadero desastre y provoca mucho miedo. Es cierto que todas las corrientes colombianas de izquierda mantuvieron relaciones con el chavismo. Ahora bien, el chavismo es un fenómeno muy propio de Venezuela y es muy difícil que se repita en términos absolutamente idénticos en otro país. Petro es muy diferente y sobre todo el contexto institucional es realmente muy diferente. Él tiene propuestas muy diferentes y mucho más moderadas en el fondo. Pero es cierto que tiene un estilo que genera temor, que aparece como bastante autoritario, muy personal, y es por eso que se lo compara con Chávez”, argumenta. La decisión final la tomarán los colombianos en las urnas el próximo 29 de mayo. La elevada abstención de las últimas elecciones será sin duda decisiva. Los jóvenes parecen seguir la situación con atención y estar implicados en el voto. Susana Boreal, por su parte, prefiere lanzarle una advertencia a su candidato favorito: “Yo no voy a abandonar nunca las calles, y si Gustavo Petro en algún momento hace las cosas muy mal, seguramente volveré a las calles. Pero quiero que la gente entienda que el poder lo tiene el pueblo. No podemos olvidarnos de que el que manda es el pueblo, siempre, y de que los gobernantes le tienen que rendir cuentas a la gente”.
    5/20/2022
    14:31
  • A cinco meses de la marea negra en Perú, prevalece la desconfianza hacia Repsol y el Estado
    Al norte de Lima, la costa está gravemente impactada por la marea negra que provocó la petrolera Repsol. Cinco meses después, la catástrofe ecológica ha salido de los titulares internacionales pero los habitantes y pescadores de la región dicen sentirse abandonados, entre indemnizaciones insuficientes y falta de reacción del Estado para reparar una contaminación que podría durar décadas.  “Triste, da pena, que los pescaditos, bastantes, muertos, cangrejos, mariscos, patillos, muertos en la playa… Ahorita no hay peces”, se lamenta Agripino Quispe mientras mira el mar en el que ha pescado desde que tenía 14 años. Ahora tiene 67 y teme no poder volver a ejercer su oficio. Está sentado en la orilla de la playa de Aucallama, a unos 70 kilómetros al norte de Lima, y sabe que ya no puede ingresar a ese mar debido al derrame de petróleo de enero pasado. La marea negra fue la consecuencia de la rotura de las tuberías por las que la empresa española Repsol descargaba el crudo desde un buque hacia la refinería La Pampilla, en la costa limeña. “Ninguna ayuda” Varios kilómetros al sur de Aucallama, Miguel Núñez, presidente de la Asociación de Pescadores de la playa Bahía Blanca, vive el mismo drama, ya no puede vivir de la pesca. “No sé si llorar, no sé si pedir a gritos al cielo, cuando veo un desastre natural que arruinó a nuestros seres vivos que hay dentro del agua. Estamos al aire, cero, no tenemos nada de ingreso. Ninguna ayuda, ni del Estado, ni de la empresa”, comenta. Lea también: Perú declara la emergencia ambiental por el derrame de petróleo provocado por tsunami Fueron 11.900 barriles de petróleo los que se derramaron al mar, lo que en un inicio la empresa intentó minimizar dando una cifra menor. Por la lentitud y poca eficacia de la petrolera para contener el derrame, y la debilidad del Estado para responder al desastre, la marea negra se extendió a 11.000 hectáreas de mar y 10.000 hectáreas de playas. De acuerdo a las autoridades peruanas, cerca de medio centenar de playas y dos áreas naturales protegidas han sido afectadas. El derrame de crudo ocurrió al inicio de la temporada de verano, que es temporada alta para la pesca artesanal y para los negocios relacionados a los meses de playa, como restaurantes y otros. Son unos 2.800 pescadores artesanales, la mayoría pescadores de orilla, los que se han quedado sin poder pescar, es decir, sin trabajo y sin ingresos. Y 3.200 comerciantes fueron afectados. “Están jugando con el pueblo” “Todo lo que ha pasado, esto es un ecocidio. Nos han dañado el mar, no podemos trabajar, no podemos ni siquiera venir para comer, no es como en la pandemia, en la pandemia no se podía vender, pero sacábamos pescado para comer. Nos han afectado al cien por ciento. Tenemos hijos y tienen que estudiar, no se les puede comprar los cuadernos, el material necesario para que tengan educación. Están jugando con el pueblo, están jugando con la comunidad que ha sido afectada”, dice Luis Díaz, nieto de pescadores y pescador desde niño, ahora presidente de la Asociación de Pescadores de Aucallama, creada luego del derrame para responder a la crisis. Lea también: Derrame de petróleo en Perú: ‘Nada de dónde nosotros pescábamos tiene vida’ Otro pescador, Julián Chávez, con 35 años viviendo del mar, señala que “el impacto que llegó acá a la playa Aucallama ha sido un desastre. No hay pescado, ha muerto todo, todo lo que es marisco, cangrejo, pulpo, no hay. ¡Cuándo va a limpiar! Nosotros tenemos hijos que mantener, y ahora estamos como locos. El Estado nunca ha venido”. Cerca de 50 kilómetros al sur de Aucallama vive Mercedes Pando, que es pescadora en las playas de Ventanilla, donde se originó el derrame. Según ella, “el derrame para nosotros ha sido algo que nos ha atado de brazos. Ahorita prácticamente estamos en la nada. Cómo podemos trabajar nosotros, no hay manera… No tenemos ningún apoyo”. La situación de los pescadores es muy crítica, denuncia asimismo Juan Narváez: “No podemos vivir ya de la pesca y sustentar a nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, solamente vivimos de bolsitas de víveres, de ayuda social”.   Ollas comunes Las ollas comunes, abastecidas con donaciones, es la estrategia de sobrevivencia de las distintas comunidades que por el derrame de petróleo se han quedado sin trabajo y sin ingresos. Lea también: Derrame de petróleo en Perú: crece la desolación al norte de Lima Clara Yacuachaqui, que se dedicaba a vender pescado, es la presidenta de una de estas ollas comunes, que alimenta diariamente a más de 150 personas. “Estamos pidiendo donaciones, gracias a Dios nos dan donaciones de un lado, de otro lado. Estamos cocinando con leña. Normalmente estamos comiendo casi diario menestras, arroz. No comemos ni pollo, ni carne, porque no tenemos. No tenemos donaciones de verduras. Es una decepción tremenda que no tengamos apoyo del Estado”, explica. Algún trabajo en la agricultura, limpiando casas, el reciclaje de basura, en el transporte público informal, son empleos que ahora los pescadores realizan eventualmente para sobrevivir. Una contaminación oculta De acuerdo a un estudio de Naciones Unidas, con una tecnología adecuada para la remediación de los daños causados, algo que no se está haciendo, tomará entre seis y diez años para que se recupere el ecosistema marino y los pescadores puedan volver a pescar como antes.  Lea también: El derrame de petróleo de Repsol deja un 'daño irreparable' en una reserva marítima A fines de abril, Repsol emitió un comunicado diciendo que ya había terminado de limpiar las playas. Pobladores de estas zonas y especialistas desmienten esa versión de la empresa. “Adentro en el suelo marino está lleno de petróleo crudo, está asentado como una brea, eso ha matado a toda la especie. Cómo dice Repsol que ya limpió. Eso es una gran mentira”, denuncia, visiblemente indignado, Teófilo Andazabal, que vive en la zona afectada de Ventanilla. Cuando se recorre las playas donde ocurrió el derrame de petróleo ya no se ve la marea negra que cubría extensas zonas de mar, pero el problema grave de contaminación está oculto en el suelo marino. Alejandro Huaroto es pescador y buzo. Ha buceado la zona del derrame y ha comprobado que el crudo está asentado en el fondo del mar: “Superficialmente en varios lugares aparenta que está limpio, pero hay zonas que incluso a dos metros de profundidad, dos metros, tres metros y medio, se ha asentado en el suelo marino un sedimento de color negro, que cuando lo hemos sacado a flote ha tenido olor a químicos, bien fuerte, y bastante, no poco, bastante. Hasta el momento no hemos visto directamente nosotros una limpieza profunda al fondo del mar, en el suelo marino. Todo lo que es pesca de rivera ha desaparecido. El círculo de la muerte sigue, sigue avanzando”, lamenta. Desconfianza hacia Repsol Autoridades, especialistas y pobladores cuestionan las acciones realizadas por Repsol para contener el derrame y limpiar las zonas afectadas. “El trabajo de la empresa nosotros lo hemos visto deficiente desde el inicio. No es que haya hecho un trabajo de limpieza integral. No tenemos conocimiento que esté realizando trabajos propiamente de remediación”, explica Miriam Alegría, gerente general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que ha multado a Repsol por una serie de deficiencias e incumplimientos por 2 millones 300 mil soles, unos 600 mil dólares. Alegría señala que las sanciones podrían elevarse hasta unos 23 millones de dólares. Lea también: Activistas peruanos se movilizan para reclamar a Repsol la responsabilidad del derrame Desde la sociedad civil, Alejandro Chirinos, especialista en gestión marino-costera y director ejecutivo de la ONG CooperAcción, que trabaja en las zonas afectadas, analiza la respuesta de la petrolera al derrame que causó un desastre ecológico: “La respuesta de la empresa en todo momento ha sido de cómo librarse de sus responsabilidades. En todo momento la empresa ha tenido una actitud irresponsable”, afirma. “La empresa lo que ha hecho es utilizar metodología rudimentaria, cavar huecos en las zonas de playa, levantan la arena que está con petróleo y la echan dentro de estos pozos y la tapan. Esa metodología fue la que se empleó el primer mes de afectación, luego lo que ha hecho la empresa al ver que no funcionaba esa metodología, porque estaba tapando y OEFA le llamó la atención, es mezclar la arena limpia con la arena contaminada para disipar, expandir, y de esa manera según su lógica hacer que el crudo se diluya, pero lo que está haciendo la empresa con esa metodología, totalmente inadecuada, es recontaminar. No vemos hasta ahora planes de descontaminación y remediación, lo único que hemos visto son estrategias de limpieza, que además no sirven. Si uno va a las playas, como estamos aquí ahorita en Chacrimar, va a ver que el mar está superficialmente, entre comillas, en ‘condiciones normales’, pero el problema está en el fondo marino”, detalla Chirinos. “Estado totalmente ineficiente” En la extensa playa de Chacrimar hay más de 20 pequeños restaurantes de comida marina alineados frente a la orilla, que en verano solían estar abarrotados de bañistas y que desde el verano de este año están cerrados. Desde el derrame de petróleo es una playa fantasma. También se cuestiona el rol que viene cumpliendo el Estado. La excongresista María Elena Foronda, que trabaja con pescadores artesanales, se refiere al tema: “Ha sido un Estado totalmente ineficiente, para mí inexistente. Una institucionalidad ambiental débil, un ministro que estaba pintado en la pared, porque no tuvo la capacidad de articular una respuesta mucho más firme”. Miriam Alegría, de la autoridad fiscalizadora ambiental, admite que una actuación desarticulada de las distintas entidades públicas ha impedido una adecuada respuesta integral a este derrame de petróleo: “Desde OEFA hemos tenido una respuesta rápida y oportuna, con las acciones legales que hemos iniciado rápidamente imponiendo las multas coercitivas. Sé que la solución del problema va más allá de la propia fiscalización. Yo entiendo que este es un problema integral que involucra la competencia y la intervención de diferentes entidades, la normativa ahí tiene que mejorarse para que la respuesta del Estado en conjunto se dé de manera rápida y efectiva. Por esa razón entiendo que no se tiene una solución concreta para poder atender a las poblaciones que han sido afectadas”. Indemnización insuficiente Las protestas y movilizaciones de los afectados presionaron a la empresa y al Estado, que acordaron darles una indemnización de 3.000 soles, unos 800 dólares, un acuerdo pactado a espalda de ellos. Ese monto, aseguran los pescadores, no cubre ni la mitad de lo que han dejado de ganar en un solo mes por no poder pescar. Las protestas siguieron y a fines de abril se anunció que se duplicaría esa cifra. Acosados por la falta de ingresos, unos han aceptado a pesar de considerar insuficiente el monto, otros se han negado y siguen reclamando. “Lo tomamos como una ofensa, es como si nos estuvieran escupiendo y tratando de pisar la cara, diciéndonos ya tomen esto y cállense, no molesten más. No, no es justo. Nosotros realmente estamos indignados, estamos muy molestos”, denuncia, contundente, Francisco Bedón. Lea también: Repsol reclama a buque italiano por derrame petrolero en Perú Los pescadores que se han negado a pactar en las condiciones impuestas por la empresa han decidido entablar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunales españoles. “Están demandando la respuesta desordenada del Estado, que el Estado peruano no ha cautelado la defensa de sus derechos. Además demandando a la empresa remediar ambientalmente las zonas de pesca afectadas y por otro lado indemnizarlos por la afectación económica”, explica Alejandro Chirinos, de CooperAcción, que asesora a un grupo de pescadores. Teófilo Andazabal, que tiene cerca de dos décadas vivienda de la pesca artesanal de orilla, comenta sobre la indemnización que esperan obtener: “Estamos pidiendo que Repsol nos indemnice todo el tiempo que estamos perdiendo de trabajar y el tiempo que vamos a dejar de trabajar, porque simplemente esto de acá de la playa no es para un año ni dos años, tiene como para diez años para recuperarse”.   Los pescadores y comerciantes afectados se sienten solos, no ven una solución cercana, pero no renuncian a su lucha por lo que consideran justo: “No tenemos una esperanza a corto plazo para decir que vamos a volver rápidamente a nuestra zona de labor”, se preocupa Juan Arellan. Por su parte, Luis Díaz asegura que no se resignarán: “Vamos a lucharla hasta que la indemnización sea justa y no nos den migajas”. Contactada por RFI para pedirle su versión ante las críticas que se le hacen, la empresa Repsol se negó a responder.
    5/17/2022
    17:58
  • Costa Rica, la otra cara del paraíso verde
    Para el mundo entero, Costa Rica es un país de volcanes, bosques, cascadas y selvas, el lugar perfecto para desarrollar un turismo verde y responsable. El país decidió hacer de sus riquezas naturales su principal fuente de ingresos, pero las políticas medioambientales no siempre son suficientes para proteger la biodiversidad. Los monocultivos, en particular el de la piña, son una amenaza tanto al medio ambiente como al turismo. Un gran reportaje de Natalia Olivares. En San José de Costa Rica, cuando los semáforos pasan al verde cantan como pájaros de la jungla, y en los billetes de banco coloridos, animales como tiburones perezosos o monos comparten el protagonismo con las figuras nacionales. Esto sólo se da en un país en que las autoridades han decidido poner énfasis en sus reservas naturales y mostrar al mundo su afán de preservarlas. Rodeado de playas, montañas, volcanes, ríos, bosques tropicales y pájaros de todos los colores, Costa Rica, que figura en la lista de los países más felices del mundo, decidió hacer de sus riquezas medioambientales su principal fuente de ingresos, y de la reforestación una prioridad. Sin embargo, la realidad no es tan idílica: la ONG Oxfam en 2016 había denunciado, tras alertas de las poblaciones y de organizaciones costarricenses, que el uso de agroquímicos utilizados en el monocultivo intensivo de la piña (10%del PIB) tenía impactos ambientales “graves y chocantes”. La piña, “una historia de atropellos a los derechos humanos” Los sindicatos también alertan sobre las condiciones laborales y de salud que permanecen en las grandes plantaciones que surgen en detrimento de los bosques nativos, así como sucedió con la producción expansiva de palma, banano y café. El paisaje ha cambiado en poco tiempo en Costa Rica. La producción de piña se da sobre todo en la zona del Caribe Norte. En Guácimo, la líder sindical Erlinda Quesada, del  Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP), afirma que con ventas al exterior de alrededor de 900 millones de dólares –la mitad destinada a Estados Unidos, y el 44 % a la Unión Europea–, “la piña es una prioridad para los gobiernos sucesivos en detrimento de los costarricenses y del turismo; los turistas prefieren venir a visitar nuestras riquezas naturales más que las plantaciones de piña, que si bien es muy rica y bonita cuando llega en el plato, viene con una historia de atropellos a los derechos humanos”. Si bien el último informe oficial (Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos - MOCUPP) afirma que los cultivos son libres de deforestación entre 2018 y 2019, Erlinda Quesada, así como Mauricio Álvarez, de la Universidad Nacional de Costa Rica, estiman que “las plantaciones invaden incluso zonas protegidas y actúan fuera de la ley, dejando pueblos enteros sin agua potable y con problemas de alergia y de salud debido a los agroquímicos. Los cultivos han propiciado además una plaga de moscas que ataca al ganado, lo que está afectando la producción de leche”. Según datos del Instituto Geográfico Nacional (SNIT), “el 12 % de los terrenos sembrados de piña se han hecho de manera ilegal al destruir zonas boscosas sin permisos” en 2016.Así la producción de esta fruta llegó a ser un pilar económico (Costa Rica es el primer exportador del mundo) pero también un problema para la salud pública y el turismo. Hacia un turismo consciente ¿La imagen de “paraíso verde” sigue siendo representativa de la realidad? Para Carlos Marín, cofundador de Green Communities, que opera de manera internacional y en la región central de Los Santos, hay algunas nubes que agregar en esa carta postal: “Las iniciativas de las autoridades no están en la misma línea”, estima. Esto significa que las prioridades no están en el mismo nivel y las ayudas para este tipo de iniciativas no son suficientes en relación con lo que se les atribuye a las grandes explotaciones. Lo que sí es urgente para Jonathan Cerdas, también cofundador de Green Communities, es “proteger los bosques, como el bosque nuboso” de la zona montañosa central donde ellos han armado una red de pequeños productores de cafés, talleres de sensibilización a la protección de la biodiversidad, intercambios de trabajos voluntarios y turismo sostenible. El turismo consciente ha logrado convencer a pequeños productores deshacerse de los agroquímicos y podría ser la solución a la encrucijada costarricense: la atracción de la piña como amenaza turística. Sin embargo “esto, desgraciadamente es imposible si se siguen quemando y talando de manera indiscriminada, lo que sucedió durante el periodo de pandemia mundial, cuando no había turistas para hacer el contrapeso”. Así para ellos dos, el turismo se debe acompañar de conciencia ecológica y las energías verdes deberían poder llegar a las poblaciones más pobres. La Carpio, un barrio marginado Situado a 40 minutos del centro de San José, La Carpio es uno de los barrios olvidados del turismo, de las energías alternativas, y de las autoridades. Allí 25.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Débora Portilla, benévola, nos abrió las puertas de uno de los asentamientos más grandes de Centroamérica. Nos contó con entusiasmo, cómo, a pesar de no tener las más mínimas necesidades básicas, los habitantes (entre ellos migrantes nicaragüenses) se organizan para poder hacer una red de recuperación y de reciclaje de la basura a golpe de educación y sensibilización. Débora Portilla visita constantemente el barrio y como observadora exterior nos explicó que la solidaridad y la dignidad fueron la única manera de poder sobrevivir. La Carpio se ubica al costado de la más grande planta de agua de Centroamérica, sin embargo, ellos llevaban 15 días sin una gota. “Aquí no llega el Estado”, según Débora, pero es una población de “precursores” verdes que lo hacen por necesidad, aunque el problema del agua no se puede resolver sin la intervención de las autoridades.
    5/13/2022
    17:16
  • Adolescencias robadas en Bolivia: el flagelo de la violencia sexual comercial y los raptos
    De las más de 1.000 personas que desaparecen cada año en Bolivia, unas 300, en su mayoría adolescentes, son víctimas de trata. Pero la prostitución ilegal alcanza también a muchas otras menores que caen en la espiral del sexo por dinero frente a una policía que no da abasto para combatir la situación. “- 50 bolivianos, te ayudo para empezar. Con oral es más. - ¿Dónde es? - Esa puerta roja del garaje.” 50 bolivianos, cuatro euros, por “pieza”, es decir, servicio sexual. Servicio completo, añade la joven. Álvaro parece ser un cliente como los demás, que ha venido a este barrio con su amigo Bernardo para tener relaciones sexuales con prostitutas. En Bolivia, la profesión es legal mientras las trabajadoras ejerzan en prostíbulos declarados. Pero, obviamente, no es el caso de las jóvenes que están en la acera esta noche. En esta avenida 12 de octubre, el distrito rojo de la ciudad de El Alto, decenas y decenas de hombres esperan su turno haciendo fila frente a mujeres que ofrecen sus cuerpos por apenas cuatro o cinco euros. En realidad, Bernardo y Álvaro son trabajadores sociales de la organización Munasim Kullakita. Están aquí para observar la dinámica callejera. Van a lo que llaman “puntos estratégicos”. “Aquí trabajamos con los que llamamos los constructores que en realidad son un medio de comunicación para nosotros. No podríamos presentarnos como trabajadores sociales directo a las chicas, porque hay unas redes bien grandes, y sería peligroso”, explica Bernardo.  Violencia sexual comercial Un trabajo en el terreno esencial para, entre otras cosas, detectar a las más jóvenes. Todo el equipo de Munasim es unánime: no se debe hablar de prostitución cuando son menores de edad, sino de violencia sexual comercial, una de las formas de trata de seres humanos, que existe también bajo otras formas, como por ejemplo las tareas domésticas forzadas. Annelise forma parte del equipo que hace este trabajo de calle cada semana: “Muchas de ellas piensan ser trabajadoras sexuales. Pero no es así, son víctimas de violencia sexual comercial. Dicen que han elegido este trabajo. Nosotras las identificamos, y de ahí empieza todo un proceso, les explicamos que no está bien lo que hacen, que es un delito penal”, detalla.  Violencia sexual comercial es lo que ha sufrido la mayoría de las adolescentes que viven en el hogar de Munasim Kullakita. Desde fuera, nada permite adivinar que se trata de un hogar para jóvenes. Es una casa como las demás, en una avenida vacía de la ciudad de El Alto. Ni siquiera el timbre indica nada. Aquí se desconfía del mundo exterior, que siempre fue un peligro para estas chicas. “La mayoría del tiempo vienen de familias problemáticas, con padres alcohólicos que fueron sus proxenetas, por un tema de necesidad económica. Entonces buscamos un referente en la familia ampliada, un tío, una abuela, alguien que las pueda ayudar”, comenta Elizabeth Velasco, la directora del lugar. “Trabajar de cualquier cosa” Seis meses es la duración “ideal” para quedarse en el hogar, para recibir una atención integral, médica, psicológica, social. Pero algunas viven aquí ya desde hace varios años porque no tienen a quien acudir. La fundación privada Munasim Kullakita realiza un trabajo de servicio público, ningún hogar a nivel municipal está especializado para recibir menores de edad. Cada año la policía boliviana recibe alrededor de 500 denuncias por trata de personas, y hay muy pocos espacios en los hogares a nivel nacional. Hoy es día de fiesta. Es la ch’alla, un ritual aymara para bendecir un lugar agradeciendo a la madre tierra. Las chicas inflan globos, decoran el patio y se trenzan el pelo. Les cuesta manejar sus emociones, pues tienen entre 10 y 17 años… y la mayoría fueron prostituidas. Rita tiene 15 años y su historia es aterradora. Empezó a tener relaciones sexuales por dinero a sus 12 años. “Era la vida difícil. Había que trabajar día a día para ganarnos un plato de comer. Había intención de trabajar de cualquier cosa para ayudar a mi madre. Cosas legales, cosas ilegales. Vender cosas blancas. Una amiga me dijo. Esperé una semana y le dije que sí. Fui a hacer pieza. Estaba desesperada y quería sobre todo apoyar a mis hermanos. Son cinco”, cuenta. Las condiciones de trabajo eran difíciles: “Cuatro euros. Pero no ganaba tanto porque tenía que dar todo al jefe y él después me pagaba a mí. Algunos me obligaban a hacer horarios estrictos…Uno me pegó un día diciéndome ¿por qué no trabajas bien?”, recuerda la joven. Niñas raptadas Rita fue víctima de trata, pero no sustraída de su entorno. Otras, al contrario, son raptadas: más o menos 300 cada año. A unos cuantos kilómetros del hogar, en un barrio popular de la ciudad de El Alto, Lidia Ramos nos recibe en su casa. Su hija Juliva desapareció hace ocho años, y la investigación la hizo ella con su familia. “Hemos rastreado sus llamadas telefónicas del día de su desaparición y una llamada iba a un prostíbulo en Miraflores. Igual al final de la tarde recibí un mensaje de su celular diciendo ‘estoy en una entrevista de trabajo’. Pero no era su letra, mi hija no escribía con errores”, cuenta. Lidia denuncia las fallas del sistema: “¿Cuántas madres están en la misma situación que la mía? Para mí la policía no hizo mucho. ¿Por qué? Porque cuando un investigador avanza, avanza, avanza, y de repente le cambian. Hay que hacer todo de nuevo”. Desconfianza en la policía y la justicia Y no tiene miedo de decirlo: a la policía no sólo le falta profesionalismo, sino que es corrupta: “No hay que confiar en los policías. Tienen sus contactos en los prostíbulos. Y se sabe que algunos hasta son propietarios de estos lugares”. Ella y otras madres de familia formaron una asociación para apoyarse en la búsqueda de sus hijas desaparecidas. Entre ellas está Marcela Martínez, la madre de Zarlet, desaparecida hace 10 años. Se la ve en la televisión, la entrevistan en las radios y su foto aparece en los diarios.   Está convencida de que su hija Zarlet está viva, en algún lugar del mundo. Y Marcela, igual que Lidia, no tiene ninguna confianza en la policía y aún menos en la justicia boliviana. Siendo abogada, sabe mucho del tema. “No sirve de nada ser buen abogado, tener buenos diplomas, si no dan la famosa coima. Yo, nunca quise darla. Lo que hago es ir con los medios detrás de mí para asegurarme que se va a hacer justicia. No quiero participar a este fenómeno de la corrupción. Pero, por esta razón ya cerraron mi caso cuando las instancias internacionales lo dicen claramente, no prescribe el delito de trata. Pero cuando voy a encontrar a mi hija, les voy a hacer un juicio a cada uno de los fiscales que han cerrado mi caso”, enfatiza. Según un relator especial de la ONU, hay una “seria brecha” en el acceso a la justicia en el país. Vino en 2022 a Bolivia por “cuestionamientos a la independencia judicial”. Y es que la corrupción está viciando todo el aparato judicial boliviano… y los casos de trata de personas no son la excepción.
    5/3/2022
    16:38

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