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  • Noticias de América - Prevención de embarazo adolescente explica desplome de natalidad en Uruguay
    De 49.000 nacimientos en 2015, Uruguay ha pasado a menos de 36.000 en 2020, lo que representa la tasa más baja de natalidad de su historia y, probablemente, la más baja de la región. El éxito de políticas públicas de prevención del embarazo adolescente, entre 15 y 24 años, es una de las causas que explican la caída histórica de la natalidad en Uruguay. Preguntamos al sociólogo Ignacio Pardo cuáles eran las razones de este fenómeno. Si para algunos esta noticia enciende las alarmas, otros subrayan el logro que ha significado la libertad y la elección de las personas sobre cuándo y cuántos hijos tener. Entrevista a Ignacio Pardo, sociólogo de la Universidad de la República en Montevideo. RFI. ¿Qué piensa de la caída de la natalidad en Uruguay? No es una sorpresa que Uruguay tenga una natalidad baja y que siguiera bajando. El descenso de la natalidad es un fenómeno relativamente universal y de largo plazo. Uruguay se acopla a ese movimiento. Lo que sí es una sorpresa es lo rápido que ha sucedido. Es un descenso vertical y muy fuerte de la natalidad. RFI. La disminución de la fecundidad es, en efecto, una tendencia en América Latina, que imita un proceso consolidado en Europa y zonas de Asia. ¿Hay alguna especificidad de este desplome en el caso uruguayo? Lo llamativo radica en que ese descenso fue muy pronunciado en nuestro país en los últimos cinco años. Esos números de la natalidad y la fecundidad desde 2015 hasta ahora son bastante impactantes. RFI. ¿Y cuál es la razón?   La explicación es la baja de la fecundidad adolescente y temprana. Uruguay tenía, como el resto de América Latina, niveles de fecundidad relativamente bajos, pero conviviendo con niveles de fecundidad de adolescentes y temprana altos. En estos últimos cinco años, gracias a algunas medidas de política pública como el desarrollo de nuevas técnicas anti-conceptivas, esas adolescentes y jóvenes pudieron posponer con mucho más éxito los nacimientos que antes tenían muy temprano. De este modo, en cinco años, se redujo a casi la mitad la fecundidad adolescente y temprana, hasta caer (de 1,9) a 1,4 hijos por mujer, que es el nivel más bajo de la historia de Uruguay. RFI. ¿Es inquietante esta tendencia? La presión demográfica sobre el sistema previsional y los sistemas de salud o los sistemas de cuidado ha encendido algunas alarmas. Algunas son quizá más razonables que otras. Es razonable que el país intente ver cómo lidia con esa presión demográfica sin que eso resulte en un corte importante o un déficit de bienestar social de su población. Ya no es tan razonable que aparezcan incentivos a la natalidad que a menudo no funcionan demasiado o que quieren revertir un proceso como el del envejecimiento demográfico que es irreversible. Además, el envejecimiento es producto también de buenas noticias: una esperanza de vida más larga y poder controlar la fecundidad. Porque si bien ahora nos alarmamos porque es muy baja, no deja de ser una buena noticia que podamos elegir cuantos hijos tener y cuando tenerlos.
    10/16/2021
    2:33
  • Noticias de América - OPS y CEPAL instan a aumentar el gasto público en salud para avanzar en la recuperación económica
    Es urgente que Latinoamérica aumente su gasto público en salud para avanzar en la recuperación económica de la crisis provocada por la Covid-19, según indicaron en un informe este jueves la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hacen un llamado a los gobiernos latinoamericanos a aumentar el gasto público en salud. El director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas, estima que esta falta de inversión en salud hizo que la pandemia del Covid-19 fuera aún más difícil: “Ya hay un sub financiamiento crónico en la región que, de una u otra manera, hace que en el momento en que llega la pandemia en 2020, toma el sector salud en una situación bastante deficitaria. El documento presenta que el sector salud no estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta dimensión”, explica. “Los recursos que efectivamente la OPS ha dicho en distintas fuentes que se requieren para enfrentar un sector público y un sector salud de buena manera son en torno a 6 puntos del PIB. El promedio de la región son 3,8 puntos del PIB destinados al sector salud”, detalla. En materia de desempleo, en el informe mencionan que se trata de la mayor contracción económica de los últimos 120 años. “Hay un impacto muy subversivo en el mercado del trabajo, trae menores ingresos a las familias, especialmente las familias más vulnerables, y por lo tanto estas proyecciones son que la pobreza y la pobreza extrema en esta región están aumentando, como las desigualdades”, recalca Arenas. Por lo que, añade, “en este contexto, la CEPAL lo que plantea es que básicamente éste es un momento para repensar el modelo de desarrollo y avanzar en una recuperación económica transformadora”. Arenas también indica que la contracción económica ha afectado fuertemente a las mujeres en la región, pues la participación laboral femenina disminuyó a niveles similares a los de hace 18 años. La pandemia reveló la “interdependencia” que existe entre la dimensión sanitaria y la económica, y mostró que es “imperioso” para la región aumentar el gasto público en salud para asegurar un repunte sostenible.
    10/15/2021
    2:19
  • Noticias de América - Paraguay: la ONU falla a favor de una comunidad que denuncia intoxicación con glifosato
    En Paraguay, una comunidad indígena que llevaba años denunciando en vano la contaminación con productos herbicidas utilizados por la agroindustria, ha ganado una batalla legal. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, estimó en un dictamen que el Estado paraguayo violó el derecho de los indígenas al no protegerlos de las intoxicaciones. Desde 2009, la pequeña comunidad indígena de Campo Agua’ẽ, del Pueblo Ava Guaraní, en la región de Curuguaty en Paraguay, ha estado denunciando el uso masivo de glifosato en las zonas de agricultura intensiva que rodean sus tierras. La justicia paraguaya constató los daños, pero ha dejado el caso impune por lo que los querellantes llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. En la demanda, los abogados señalan que después de cada fumigación de herbicidas, los integrantes de la comunidad sufren síntomas claros de intoxicación (diarrea, vómitos, problemas respiratorios y dolores de cabeza), incluidos niños y niñas, por darse las fumigaciones a pocos metros de la escuela en horario de clases. "Estamos hablando de una comunidad indígena que está rodeada de haciendas, que alguna vez fueron haciendas ganaderas, pero que hoy en día, con el auge en los mercados internacionales del precio de la soja, se reconvirtieron en plantaciones extensivas de soja genéticamente modificada", explica Hugo Valiente, el abogado de la comunidad indígena afectada. Violación de domicilio "Y estas empresas que cultivan soja aplicaron todo el paquete tecnológico que viene asociado a los cultivos genéticamente modificados, es decir lanzamiento masivo de productos agroquímicos que se utilizan en este tipo de cultivo. Los pesticidas que son arrojados y los herbicidas sobre todo arrasan con los cultivos, con las milpas de las comunidades campesinas, de los indígenas, matan los animales de cría, contaminan los cursos de agua", detalla el abogado. En su dictamen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a la comunidad indígena al considerar que el Estado paraguayo falló en su deber de impedir las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa ambiental, violando los derechos de la comunidad a sus tierras tradicionales y a su "domicilio". Este es el primer dictamen del Comité que afirma que, en el caso de pueblos indígenas, la noción de "domicilio" debe entenderse como "la relación especial que mantienen con sus territorios, incluyendo sus animales de cría, cultivos, y su forma de vida relacionada con la caza, recolección y pesca". Próximos pasos "A partir de este dictamen, el Estado paraguayo está obligado a adoptar una serie de medidas que van desde la reapertura de la investigación y la sanción efectiva de los responsables de la contaminación, hasta la obligación de adoptar medidas para la reparación ambiental del daño sufrido por la comunidad. Y esto supone para la comunidad y para nosotros una plataforma a partir de la cual podemos fortalecer nuestra posición de exigencia hacia el Estado para que estas medidas sean cumplidas", precisa Hugo Valiente. El Comité "recomienda que Paraguay prosiga con los procesos penales y administrativos en contra de los responsables, repare integralmente a las víctimas por el daño sufrido, tome todas las medidas que sean necesarias, en estrecha consulta con la comunidad, para reparar la degradación ambiental, y adopte medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro".
    10/14/2021
    2:33
  • Noticias de América - Eutanasia: el caso de Martha Sepúlveda desata polémica en Colombia
    Una fuerte polémica se desató en Colombia después de que se anulara la eutanasia programada para Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad grave e incurable. Ella iba a ser la primera persona en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal en ese país que despenalizó la eutanasia desde 1997.  En Colombia, 157 personas han accedido a la eutanasia desde 2015 cuando se convirtió en ley. Todas padecían enfermedades terminales. Este año la Corte Constitucional colombiana alivió los requisitos para ejercer el derecho a morir dignamente, por lo que Marta Sepúlveda comenzó los trámites ya que padece una enfermedad grave, incurable y degenerativa.   Su muerte asistida estaba programada para el 10 de octubre, pero el Instituto Colombiano del Dolor, clínica que realiza este tipo de procedimientos, canceló la intervención, basándose en que “no cumple con el criterio de terminalidad”.   “Es muy importante hacer una precisión. Una cosa es el caso de la señora Sepúlveda, y otra cosa es la intervención que hizo la Corte Constitucional colombiana, en una reciente sentencia, que es la sentencia C-233 de 2021. Lo que hizo la Corte fue analizar nuevamente el artículo 106 del Código Penal, que es el homicidio por piedad, y lo que hace es incorporar un nuevo escenario, y es que se podrá proceder o reconocer ese derecho a morir dignamente, no sólo en casos de enfermedades graves e incurables, sino también en casos de lesiones corporales que puedan generar intensos sufrimientos físicos o psíquicos”, explica la constitucionalista Tania Luna Blanco, profesora de la Universidad Javeriana de Bogotá.  “En esta sentencia C, no se habla en particular del caso de nadie, es una sentencia donde la Corte controla la legalidad en abstracto, es decir que analiza una norma a la luz de la Constitución. Existe una orden de la Corte sobre el derecho a morir dignamente, sobre la garantía de ese derecho en el escenario colombiano, y un llamado muy importante al Congreso de la República para que regule este tema tan importante para todos los colombianos”, precisa.  Al caso particular de la señora Sepúlveda, le queda un camino legal y constitucional: “La señora buscará a un juez de la República, para que se tutele su derecho a morir dignamente, y el juez evaluar en el caso concreto por qué no se reconoció ese derecho. Tendrá que especificarse qué fue lo que pasó. Si existió el consentimiento, si los médicos están dispuestos a practicar el procedimiento, por qué sí, por qué no, y si realmente existe intenso sufrimiento. Y tendrá que evaluarse en el caso particular y concreto sin que pueda generalizarse a todos los ciudadanos y ciudadanas en Colombia”, concluye Tania Luna Blanco.  Siete países han despenalizado la eutanasia, Colombia es el único latinoamericano.
    10/12/2021
    2:29
  • Noticias de América - Investigación penal contra el presidente chileno Sebastián Piñera: ¿qué puede pasar?
    La fiscalía chilena anunció este viernes 8 de octubre que el presidente Sebastián Piñera será investigado por el caso divulgado en Papeles de Pandora en relación a la venta de la Minera Dominga por uno de sus hijos. Según un analista entrevistado por RFI, de demostrarse su responsabilidad, Piñera podría ser destituido. De ser así, sería la primera vez en la historia de Chile, aunque al actual presidente sólo le faltan cinco meses para que termine su mandato. “Delitos de cohecho con su correlato de soborno, eventualmente delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación”. De esta manera la jefa anticorrupción de la fiscalía chilena, Marta Herrera, anunció la apertura de una investigación contra el presidente chileno Sebastián Piñera, tras las revelaciones de los Pandora Papers en relación con la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos y en el contrato aparece una cláusula más que problemática y que levanta sospechas sobre un posible conflicto de intereses. En paralelo al anuncio de la fiscalía, el abogado y ambientalista Luis Mariano Rendón ha presentado una querella particular que ha sido admitida por la justicia porque dice, no se fía de la fiscalía de su país: “Nadie en nuestro país puede creer que él (Sebastián Piñera) no tenía conocimiento de este negocio entre sus hijos y su mejor amigo que era el comprador de los derechos respecto a este proyecto minero Dominga….ya hubo una primera investigación donde estos hechos aparecieron, sin embargo, no fueron investigados, por lo tanto, creo que por desgracia, la fiscalía de Chile no da la garantía suficiente, por eso, es importante que haya una grilla particular en este caso, que me permite estar encima de la investigación, poder exigir diligencias de manera que no haya ninguna posibilidad de que simplemente se le eche tierra a esta situación como ha ocurrido en otros casos”. Escuche aquí el programa de Noticias de América de Aída Palau consagrado a este tema: A parte de la vía penal, Sebastián Piñera también enfrenta, a seis semanas de las elecciones, una acusación constitucional por parte de diputados de la oposición y que debería formalizarse en estos días. El profesor y abogado Francisco Zambrano afirmó a RFI: “por lo cual podría ser destituido de su cargo, lo cual no ha pasado nunca en la historia de Chile”  Horas después del anuncio, el presidente Piñera dijo que no comparte la decisión de la Fiscalía, que no ha cometido irregularidades y que demostrará su "total inocencia". "Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia", declaró Piñera, cuyo mandato culmina el 11 de marzo de 2022. Piñera asegura que no fue consultado ni informado sobre la venta de la minera Dominga, que aún no está en construcción y que promete una inversión de 2.500 millones de dólares. Sobre el mismo tema: El presidente chileno Sebastián Piñera será investigado por caso divulgado por los” Pandora Papers” Los ‘Pandora Papers’ revelan la evasión fiscal de varios jefes de Estado y de Gobierno
    10/9/2021
    2:32

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