México, un ejército omnipresente y una justicia ausente
En México, el ejército desempeña un rol cada vez mayor mientras que los niveles de violencia e impunidad son históricamente altos. El politólogo Romain de la Cour Grandmaison (Universidad Sorbona) y a Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch (HRW), analizan la situación paradójica que vive hoy el país norteamericano.
Para muchos en Sinaloa, es impensable que la policía municipal hubiera podido llevar a cabo la operación de captura del capo Omar Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Ésta tuvo lugar en la localidad de Jesús María el 5 de enero pasado.
La corrupción de la policía local es un secreto a voces y además el calibre de las armas que utilizan los narcos está muy por encima de sus capacidades. De hecho, en los enfrentamientos se registraron 29 muertos, 10 militares y 19 presuntos delincuentes. También resultaron heridos 35 miembros de las fuerzas del orden. Fue una auténtica batalla campal con helicópteros artillados.
¿Qué piensa de este tipo de operaciones Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch?
Fue una situación aterradora. Podemos decir que se ha registrado una especie de 'carrera armamentista' de militares y narcos. El resultado son niveles terroríficos de violencia en muchas partes del país. Una parte de la estrategia del gobierno mexicano ha sido detener o matar a mandos de alto nivel de los carteles. En esta ocasión fue Ovidio Guzmán; en 2016, fue su padre, Joaquín El 'Chapo' Guzmán. Por eso yo respondería a su pregunta con otra pregunta: después de detener a esos dos hombres, ¿sigue existiendo el cártel de Sinaloa? La respuesta es sí. De modo que la estrategia de entrar con mucha fuerza para detener a un solo hombre realmente ha sido profundamente ineficaz.
Ahora bien, ¿tienen las autoridades mexicanas una estrategia global para combatir el narcotráfico?
No, lo que hay son acciones esporádicas para detener un capo, pero no hay una estrategia social para enfrentar los problemas de fondo, en particular, lo que permite a los cárteles detentar poder en ciertos lugares y reclutar personas.
Con la llegada al poder de López Obrador en 2018, ¿qué ha pasado?
Este gobierno ha debilitado por completo los otros componentes del sistema de seguridad pública. López Obrador ha eliminado la Policía Federal. Ha desplegado más de 150.000 soldados para realizar todo tipo de tareas en el país, muchas de las cuales no tienen nada que ver con seguridad pública. Por ejemplo, realizar obras públicas, hacerse cargo de licitaciones para proyectos, comprar medicamentos para el sistema de salud pública. Los militares hacen patrullajes en el metro de la Ciudad de México, controles migratorios, distribución de libros escolares. Gestionan el uso de canales de riego en zonas de agricultura, gestionan la distribución de fertilizantes", apunta Mattiace.
Estas actividades no tienen nada que ver con delincuencia organizada...
Cuando hablamos de la militarización en México, no solo estamos hablando de estos enfrentamientos con cárteles, sino también del despliegue de estos soldados sin una estrategia de seguridad. Se les entrega mucho poder sobre áreas de la vida pública que, en el pasado, estaban a cargo de las autoridades civiles. Por ejemplo, los militares ahora controlan concesiones, controlan empresas públicas, lo que les da un interés financiero. Ahora los militares van a operar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México mediante una empresa que pertenece al ejército. Todo el dinero que proviene de ese proyecto va a quedar en la Secretaría de la Defensa. Cuando hablamos de la militarización de México, no sólo se trata de la seguridad pública, se trata también de la manera en que los militares están reemplazando a civiles en todos lados en la vida pública".
En México se han creado cárteles, una delincuencia organizada, en torno a negocios legales, como puede ser el cultivo de limones, aguacates, la tala de bosques. ¿Cómo han penetrado los narcos en esos sectores lícitos?
Las redes criminales tienen políticos, es decir, actores que están en el gobierno, que les brindan protección. En ocasiones son incluso ellos los que mandan. Eso depende de la red criminal. También tienen con ellos empresarios, pues necesitas las tres partes. Por ejemplo, una red de tala de bosques depende de una empresa que permite vender la madera en el mercado regular. También depende de políticos que brindan esa protección y depende asimismo del grupo armado que toma control de esos terrenos. Por esta razón, este esfuerzo, esta estrategia que se enfoca solamente en combatir a los grupos armados como si fueran dos lados en una guerra, no entiende realmente el alcance del problema".
Hay que enfocarse, por un lado, en investigaciones sobre todos los mandos de la cadena, en todas las partes de la red criminal. Esto incluye investigaciones y procesos penales contra políticos corruptos, pero también programas de desmovilización. Porque vemos que hay comunidades rurales pobres donde estos grupos tienen poder. Para los jóvenes no hay ahí muchas oportunidades y por eso enrolarse en un grupo armado es algo que se paga bien. Pero mientras el Estado no tenga presencia con servicios básicos y los cárteles funcionen como un gobierno de facto, esas organizaciones criminales van a seguir logrando reclutar personas y apoyarse en ellas. De ahí que otro elemento sean los programas de desmovilización, pero también hacer que el gobierno civil tenga presencia en estas zonas.
Un ingrediente que hace explosiva la situación en México es el alto nivel de impunidad...
Las policías y las fiscalías en México son mayormente incapaces de prevenir o esclarecer la mayoría de los delitos ni de encontrar a los responsables para llevarlos ante la justicia. La tasa efectiva de impunidad en México es del 98%, es decir, 98% de los delitos que se cometen nunca son investigados de manera eficaz por las autoridades. En otras palabras, la mayoría de los delitos no son simple y llanamente investigados. Las morgues están llenas de personas no identificadas. Las autoridades no hacen esfuerzos por identificar a esas personas. Muchas de ellas van directamente a las fosas comunes de cada municipio o estado. Por eso digo que la respuesta a todo este problema, que es estructural, no tiene nada que ver con el despliegue de soldados. Lo que hay que hacer es mejorar las instituciones que deberían llevar a cabo estas acciones básicas, entre otras, la investigación y la prevención de delitos. En suma, que exista un Estado".
Un riesgo para la democracia
¿Qué peligro tiene todo esto para la democracia mexicana? ¿Hay razones para preocuparse por lo que pueda pasar en los próximos años? Romain de la Cour Grandmaison es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad París 1 Sorbona en París y experto senior de Iniciativa Global. Sobre la participación creciente de los militares en la vida pública, este politólogo francés recuerda que el gobierno mexicano lo justifica diciendo que "el ejército es una de las pocas, tal vez la única, institución pública en la cual confía presuntamente el Presidente de la República. Él, en todo caso, lo presenta así". Esta situación atípica suscita inquietudes. Concretamente, si el creciente poder de los militares representa un riego para el futuro de la democracia mexicana.
Es difícil imaginar cuál podría ser el escenario de una inestabilidad política en México en el caso de que, por ejemplo, el ejército decidiera tomar mucho más peso en la política, en la vida electoral. Esto será puesto particularmente a prueba en las elecciones presidenciales de 2024.
Pero, ¿se puede hablar de un peligro directo o de una amenaza directa a las instituciones mexicanas?
No sé. Pero lo que sí me queda claro es que la vía civil, por lo menos en lo relacionado con la seguridad pública, la vía civil de la justicia en México, todo eso ha sido ampliamente debilitado, o ha sido más debilitado, por este gobierno cuando optó por una vía militar y por la institución castrense para llevar a cabo estrategias y tareas que no deberían estar en manos de los militares.
Más allá de "hacer previsiones", para este politólogo es evidente que "va a ser difícil volver a crear o volver a desarrollar instituciones civiles; nos vamos a tardar décadas en hacerlo, si es que alguien quiere volver a invertir en instituciones civiles de seguridad pública".